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Los funcionarios no podrán participar en huelgas
Gobierno peruano endurece lucha contra crimen con promulgación de normas
La delincuencia, una de las asignaturas pendientes del gobierno de García. (AP)
23/7/2007 | EFE
El gobierno peruano promulgó once decretos legislativos que endurecen la lucha contra el crimen organizado y otros delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, así como facilitan las investigaciones en este campo.
Las normas publicadas en el diario oficial 'El Peruano' se dan en el marco de las facultades especiales que otorgó el Congreso del país andino en abril pasado al Ejecutivo para legislar en materia de justicia.
El presidente peruano, Alan García, afirmó en Lima que las normas buscan "facilitar la investigación y hacer más eficaz la sanción y más severa la pena para delitos como el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, la trata de personas, la extorsión, el secuestro y, además, el pandillaje pernicioso".
Narcotráfico
García destacó -en una rueda de prensa junto a la ministra de Justicia, María Zavala- que una de las novedades de los decretos es la referida al proceso de pérdida de dominio de los bienes de los vinculados al narcotráfico a favor del Estado.
Narcotráfico
García destacó -en una rueda de prensa junto a la ministra de Justicia, María Zavala- que una de las novedades de los decretos es la referida al proceso de pérdida de dominio de los bienes de los vinculados al narcotráfico a favor del Estado.
También, se establece, entre otras sanciones, penas privativas de libertad de hasta 20 años para adultos que instiguen o induzcan a menores a participar en pandillas perniciosas y condenas de más de dos décadas en prisión para casos de secuestro.
Para los menores que participen en pandillas y causen muertes o lesiones graves a terceros o abusen sexualmente a otras personas menores o discapacitadas serán castigados con penas de cárcel de hasta seis años.
Funcionarios, sin poder ir a huelga
Los funcionarios públicos con capacidad de decisión pueden ser sancionados con la inhabilitación si participan en huelgas y los militares y policías "que en cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte" son exceptuados de responsabilidad penal.
Las normas sancionan con penas privativas de libertad no menor de 30 años a los miembros de organizaciones terroristas que causen la muerte de personas, que sus acciones contra bienes estatales o privados impidan la prestación de servicios o se asocie a narcotraficantes.
Asimismo, castigan con penas de entre 10 y 20 años a funcionarios públicos o agentes del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil que realicen actos de conversión y transferencia de activos de origen ilícito.
Una encuesta nacional difundida revela que un 55 y 50 por ciento de los peruanos consideran, respectivamente, que ha empeorado el control de la delincuencia y la corrupción en el primer año de gobierno del presidente García.
Contesta al redactor
Para los menores que participen en pandillas y causen muertes o lesiones graves a terceros o abusen sexualmente a otras personas menores o discapacitadas serán castigados con penas de cárcel de hasta seis años.
Funcionarios, sin poder ir a huelga
Los funcionarios públicos con capacidad de decisión pueden ser sancionados con la inhabilitación si participan en huelgas y los militares y policías "que en cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte" son exceptuados de responsabilidad penal.
Las normas sancionan con penas privativas de libertad no menor de 30 años a los miembros de organizaciones terroristas que causen la muerte de personas, que sus acciones contra bienes estatales o privados impidan la prestación de servicios o se asocie a narcotraficantes.
Asimismo, castigan con penas de entre 10 y 20 años a funcionarios públicos o agentes del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil que realicen actos de conversión y transferencia de activos de origen ilícito.
Una encuesta nacional difundida revela que un 55 y 50 por ciento de los peruanos consideran, respectivamente, que ha empeorado el control de la delincuencia y la corrupción en el primer año de gobierno del presidente García.
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