El compromiso adoptado por América Latina en 2000 es reducir la incidencia del hambre y la pobreza extrema del 14 al 7 por ciento, según una de las Metas del Milenio.
Da Silva llegó ayer a Guatemala para una reunión bilateral con su homólogo Oscar Berger y hoy se reúne con los mandatarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para analizar asuntos de cooperación, y a continuación viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dijo que esta semana en Nueva York los más de 100 países se van a comprometer a saciar el hambre de 300 millones de personas hasta 2015 y evitar que cada 7 segundos un niño muera de desnutrición.
"En esta conferencia asumimos el compromiso de aunar esfuerzos para erradicar ese genocidio silencioso, estamos dándole voz a aquéllos que ni siquiera tienen voz para exigir sus derechos, estamos desafiando la indiferencia de los que no saben (lo que es) pasar hambre", subrayó Da Silva, quien estuvo acompañado de su homólogo guatemalteco, Oscar Berger.
Según la evaluación que hicieron los expertos, para combatir el flagelo del hambre, la pobreza y la desnutrición es "urgente" redoblar los esfuerzos con políticas nacionales que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Flagelos rurales
Recomendaron que en los países donde esos flagelos se concentran en el área rural se apoye a los pequeños agricultores para apoyar su productividad para elevar su propio ingreso.
Al respecto, Da Silva explicó que el programa "Hambre Cero" que adoptó en Brasil busca más que distribuir alimentos, fortalecer la agricultura familiar para crear infraestructura y generar empleos.
El director general adjunto de la FAO, David Harcharik, también reconoció durante la conferencia que en el caso de Latinoamérica y el Caribe combatir el hambre requiere de la promoción de la agricultura y el desarrollo rural.
Según la FAO, para cumplir con la meta de reducir a la mitad el hambre a nivel mundial se necesitan unos 24.000 millones de dólares en inversión pública al año.
Los expertos concluyeron que los programas públicos de seguridad alimentaria y nutricionales deben estar vinculados con los programas de salud, de capacitación y educación, y deben participar todos los sectores.
El responsable de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) de Guatemala, Andrés Botrán, explicó que si el problema del hambre y la desnutrición crónica no se atiende, puede afectar la gobernabilidad de los países de América Latina.
Botrán dijo durante la clausura que, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se necesitan unos 2.000 millones de dólares anuales para prevenir el hambre, mientras que combatirla representaría 70 veces más cada año.