La Oficina del Comisionado tiene, en virtud del decreto 127 del 19 de enero de 2001, una misión como Consejería para la Paz. En este sentido se le atribuye toda labor relacionada con la paz, desde asesorar políticamente al presidente en dicha materia, hasta verificar el desarme de los grupos paramilitares o diseñar agendas de paz con las guerrillas.
Luis carlos Restrepo
Nació en 1954, en Filandia, Quindío.
Profesor de temas sanitarios en la Universidad Javeriana de Bogotá, en el Centro Comunitario Simón Bolívar, y en la Universidad Pedagógica Nacional.
Destacado como consultor de Naciones Unidas (UNDCP) en materia antinarcóticos y drogodependencia, y asesor comunitario para la Consejería presidencial de Medellín.
Es recordado por su exitosa labor como coordinador general del 'Mandato ciudadano por la paz', movilización social que convocó, en 1997, a varios millones de colombianos para que depositaran un voto a favor de la paz y el respeto de los grupos armados ilegales a la población civil.
Como Alto Comisionado para la Paz, es el encargado de desarrollar una política de reconciliación desde dos campos: diálogo con grupos armados ilegales, y el modelo de convivencia, que busca multiplicar los esfuerzos locales de tolerancia y respeto.
En febrero de 2005 presentó su renuncia por discrepancias con el gobierno de Uribe, pero finalmente se detractó al hacerle el presidente varias concesiones en lo relativo al proceso de desmovilización de los paramilitares. Así, recuperó de nuevo la interlocución entre los paramilitares y el Gobierno, labor que había sido encomendada por aquél entonces a Sabas Pretelt.
Ley de Justicia y Paz
Luis Carlos Restrepo siempre manifestó su rechazo a la obligatoriedad de una confesión plena por parte de los grupos paramilitares en su proceso de desmovilización, pues considera que supone un escollo insalvable en el proceso.
La Ley de Justicia y Paz marco legal bajo el que se encuadra la integración paramilitar en la vida social), de la que el Alto Comisionado es en parte artífice y baluarte indiscutible, recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, pero obligaba a la introducción de unos cambios indispensables en los temas más polémicos, como el hecho de no computar como prisión el periodo transcurrido en la zona de negociación o la necesidad de una mayor reparación de las víctimas.
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