Los magistrados del tribunal declararon "exequible", es decir, ajustada a la Carta Magna, la Ley de Justicia y Paz por seis votos a favor frente a dos en contra.
La norma fue aprobada por el Legislativo colombiano en junio del 2005 y desde entonces ha sido criticada por organismos humanitarios nacionales e internacionales que consideran que no garantiza la verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los escuadrones.
Esos escuadrones, que surgieron hace más de veinte años en zonas campesinas para combatir a las guerrillas, están asociados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que mantiene un proceso de desmovilización con el Gobierno desde finales del 2003.
Desde entonces se han entregado unos 30.
Reorganización de las AUC
Organizaciones como Amnistía Internacional y diversos investigadores e intelectuales aseguran que los paramilitares estarían abandonando el uniforme, pero no el control de sus zonas de influencia. Así, se estaría reorganizando su estructura en poderes mafiosos y sicariales.
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