El ex presidente peruano, acusado de diversos cargos contra los derechos humanos, viajó a Chile el 7 de noviembre de 2005, allí fue detenido por las autoridades de aquel país iniciándose, a instancias del gobierno peruano.
El Fiscal Supremo de Perú, José Peláez, pidió 30 años de prisión para el ex presidente peruano por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por los secuestros de dos personas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), según fuentes judiciales.
30 años por matanzas
Peláez indicó que solicitó 30 años por las citadas matanzas y por los secuestros en sótanos del SIE del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El fiscal acusó al ex presidente de presunto delito de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro y además exigió el pago de una indemnización de 100 millones de nuevos soles (22,88 millones de euros) a los fallecidos y otra de 300.000 (68.