Ante la conmoción que vivía la sociedad, Kirchner había rechazado momentos antes de modo enérgico firmar una amnistía por los crímenes de la dictadura ni ceder a lo que denominó "chantaje" de los grupos que reivindican al régimen dictatorial.
Otro testigo, Jorge Julio López, permanece desaparecido desde hace 100 días.
"Sepan que este presidente no avalará que se dicte ningún tipo de amnistía" por la represión ilegal y los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el régimen, dijo el mandatario al hablar por cadena nacional de radio y TV.
Kirchner denunció que las desapariciones se deben a "un accionar mafioso de quienes quieren garantizar la impunidad" frente a los juicios que se siguen en tribunales de todo el territorio.
Hace dos días había desaparecido Gerez, de 51 años, militante del peronismo kirchnerista, cuyo testimonio ante el Congreso, entre otros, impidió la asunción como diputado en mayo último del ex subcomisario policial Luis Patti, dirigente del derechista Partido Unidad Federalista (Paufe).
Gerez declaró ante una comisión parlamentaria haber sido torturado por Patti, quien también soporta un juicio por encubrimiento de militares que participaron de la represión y está acusado del asesinato de dos dirigentes peronistas de izquierda en 1983.
Posible actividad de bandas terroristas de ultraderecha
El presidente dio a entender en su discurso que están operativas bandas terroristas de ultraderecha en el país, como las que asolaron la sociedad en los años 70.
Pero la comparación principal de Kirchner en su mensaje fue con las rebeliones militares carapintadas, que lograron entre 1987 y 1988 arrancar al gobierno del presidente radical socialdemócrata Raúl Alfonsín (1983-1989) las leyes de amnistía denominadas de Punto Final y Obediencia Debida.
Ambas leyes fueron derogadas por iniciativa de Kirchner desde que asumió en 2003, lo que reactivó las acusaciones.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura, según organismos no gubernamentales.
Firmes antes el temor de secuestro
"No vamos a ceder ante la extorsión. Reclamamos celeridad a la Justicia para que los asesinos estén en cárceles comunes", señaló el mandatario al reaccionar frente a la conmoción y el temor sembrado por los secuestros en la sociedad.
En otro momento de su exhortación, dijo que "el Gobierno asume con firmeza la defensa de los testigos y, ante la gravedad de la hora, les pido que acepten la protección que queremos darle para evitar otras heridas a nuestro pueblo".
Algunos partidos políticos opositores habían criticado la falta de seguridad para los testigos, aunque la mayoría de las víctimas rechaza la custodia policial para no sentirse apremiados por los uniformes que los secuestraron y torturaron en el pasado.
Gobierno considera secuestros como ataque a su política
Ambas desapariciones, método utilizado por la dictadura, fueron interpretadas por el Gobierno como un ataque frontal a su política de derechos humanos y como una operación de desestabilización en el país.
"Esto es un ataque político al gobierno. Nos quieren desestabilizar, meter miedo", había declarado el Presidente a sus colaboradores más cercanos, según una fuente gubernamental.