"La verdad es dolorosa para el país", dijo a periodistas el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Roberto Herrera Vergara, uno de los miembros de la comisión.
Señaló que son "tres los responsables" del fatal desenlace de esa operación rebelde en la capital colombiana: el M-19, Betancur y el Ejército.
Inicialmente, el desarticulado Movimiento 19 de Abril (M-19), fue "responsable" de la ocupación que dejó más de cien muertos y, en la que el entonces presidente Betancur fue apenas "espectador", dijo Herrera.
La Comisión de la Verdad también señala que en la acción el M-19 estuvo vinculado con Pablo Escobar, el fallecido capo colombiano, pues el día de la toma la Corte iba a estudiar la constitucionalidad o no de la extradición de nacionales, una de las armas jurídicas más temidas por los narcotraficantes.
Según el informe, Escobar, entonces jefe del cártel de Medellín, habría pagado al M-19 unos dos millones de dólares "para presionar" al alto tribunal a favor de la no extradición.
Además de Herrera, la comisión está integrada por los también ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla. Herrera añadió que, asimismo, el Ejército fue tercer "responsable institucional" de la acción guerrillera, "por la retoma, sin tener en cuenta la vida" de las personas que allí se encontraban.
Ocupación al Palacio de Justicia
El Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá fue ocupado por un comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985, y 27 horas después, el Ejército retomó el control de la edificación en la que fueron liberadas decenas de personas, aunque algunas de las que salieron vivas jamás aparecieron.
Según el informe de la comisión, hubo "excesos de la Fuerza Pública".
La Comisión de la Verdad señaló que Betancur (1982-1986), actuó "como un espectador más" de los hechos, ya que "no negoció" pese a las súplicas de los rehenes para un cese de fuego.
Ingreso de la Fuerza Pública
El entonces gobernante tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la Fuerza Pública al ocupado Palacio, sede de los más altos tribunales jurídicos y administrativos del país.
El M-19, argumentó entonces que haría en el palacio "un juicio" a Betancur, al considerar que "no cumplió" algunos pactos suscritos con esa guerrilla.
Unas horas antes de la divulgación del informe, la Fiscalía General ordenó la detención del coronel retirado del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano, por el presunto delito de "desaparición forzada y agravada de personas", en el caso de la ocupación del Palacio de Justicia.
La Fiscalía encontró evidencias de que al menos dos personas, Carlos Augusto Rodríguez y María del Pilar Guarín, salieron con vida del Palacio de Justicia y después desaparecieron, el 7 de noviembre de 1985. Sánchez era director de los servicios militares de inteligencia, conocidos entonces como B2.
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