El mismo día, sin embargo, fuentes jurídicas informaron de que la Audiencia Nacional tiene intención de archivar la causa contra él para despejar las trabas que impiden la entrega a su país.
Las acusaciones recuerdan en el escrito que, el pasado 18 de julio, el Tribunal Supremo revocó una resolución de la Audiencia Nacional de diciembre de 2006 en la que se daba prioridad a la Justicia argentina para juzgar a Cavallo.
Para las acusaciones, el pronunciamiento del Supremo significa que "no cabe acordar resolución alguna, sea la que sea, que pudiera implicar lo contrario".
El escrito añade que el acuerdo adoptado el pasado viernes por el Gobierno español, en el que se autoriza la extradición de Cavallo pero señala que ésta "quedará suspendida hasta que el reclamado deje extinguidas las responsabilidades contraídas en territorio nacional", sólo tiene una interpretación posible: que antes de ser entregado a su país debe ser juzgado en España.
"La voluntad del Ejecutivo no puede ser más precisa. La entrega extradicional de Ricardo Miguel Cavallo queda suspendida hasta la celebración del juicio oral, la existencia de una sentencia firme y, caso de resultar condenado, hasta la extinción de la pena impuesta", señalan las acusaciones.
Decisiones contra el Derecho
Añaden asimismo que si la Audiencia Nacional, como avanzaron el pasado viernes fuentes jurídicas, opta por archivar la causa contra Cavallo en España para poder extraditarle a su país, estaría tomando una decisión que, "además de incomprensible", sería "contraria al Derecho interno y al Derecho Penal Internacional".
Cavallo, procesado por el juez Baltasar Garzón, se encuentra en prisión en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde había sido detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante la dictadura.
Hasta 30 años de cárcel
En España se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a altas penas de prisión, ya que la acusación popular ejercida por la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid solicita para él 30 años de cárcel, el máximo de cumplimiento efectivo de condena, por un delito contra la humanidad en concurso con 4.400 delitos de asesinato.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que pediría una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 para Cavallo, en función de que se le condenara por delitos de lesa humanidad o de genocidio y de que éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo.
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