Portavoces de los tribunales citados por la agencia oficial de noticias Télam indicaron que el tribunal ratificó los cargos por la sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de la identidad de seis hijos de desaparecidos "durante la dictadura que usurpó el poder".
"La apropiación de niños por parte de agentes estatales en el contexto de un ataque sistemático contra una población civil debe ser considerada como un crimen contra la humanidad", señaló el tribunal en un fallo dictado a fines de diciembre pasado.
Por estos delitos, que también involucran a otros jerarcas de la dictadura, Bignone fue detenido en 1999 y excarcelado en 2005 con vistas a ser sometido a un juicio oral y público.
El robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos es el único delito que fue excluido de los indultos que beneficiaron a los jefes de las juntas militares, dictados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) y anulados en 2005 por el Parlamento.
La anulación de los indultos está a consideración de la Corte Suprema de Justicia, que en junio de 2005 declaró la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas a mediados de los años 80, con lo que se reactivaron procesos por delitos de represión.
500 hijos de desaparecidos robados
Las Abuelas de Plaza de Mayo calculan que hay unos 500 hijos de desaparecidos que fueron robados a sus padres cuando estaban en cautiverio y hasta ahora la asociación humanitaria ha logrado identificar a 84 que restituyeron vínculos con sus familias.
Reinaldo Bignone también está procesado por su responsabilidad en el Plan Cóndor, como se llamó a la operación coordinada por las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar a disidentes políticos en los años setenta.
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