La decisión del juez federal Daniel Rafecas fue adoptada en el marco del expediente conocido como ‘Primer Cuerpo del Ejército’, una de las ‘megacausas’ abiertas por la Justicia desde que en 2003 se anularon las "leyes del perdón" a represores de la dictadura.
El magistrado dispuso la detención del ex presidente después de que éste se negara a declarar en la causa, destacaron las fuentes.
En régimen de arresto domiciliario
Jorge Videla está procesado y cumple arresto domiciliario por otras dos causas: el robo de bebés, hijos de desaparecidos, durante la dictadura y por su participación en el Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del cono sur americano en las décadas del 70 y 80.
Videla, de 82 años, cumple prisión domiciliaria en virtud de que las leyes argentinas otorgan ese beneficio a los mayores de 70 años.
Un juez federal argentino procesó con prisión preventiva y dictó millonarios embargos contra 12 ex marinos que actuaron en la principal cárcel clandestina de la última dictadura militar (1976-1983), confirmaron fuentes judiciales.
La decisión del juez Sergio Torres alcanzó al ex jefe de la Marina Rubén Franco, quien fue procesado por cinco homicidios, 87 privaciones ilegales de la libertad y 133 aplicaciones de tormentos, además de recibir un embargo de 70 millones de dólares.
La medida también fue dictada contra Edgardo Otero, Alberto Vigo, Miguel Rodríguez, Miguel García Velasco, Juan Fotea, Carlos Capdevila, Mario Palet, Julio Binotti, Eduardo Morris Girling, Carlos Daviou y Ricardo Lynch Jones, todos ellos represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Los ex marinos están detenidos en un penal de la periferia de la capital argentina.
Megacausa de la dictadura
Torres está a cargo de la investigación de la denominada "megacausa" que investiga los delitos de represión cometidos en la ESMA, por donde pasaron unos 5.000 detenidos de forma ilegal, según calculan los organismos humanitarios.
De acuerdo con cifras oficiales, en la dictadura desaparecieron 18.000 personas, pero organismos de derechos humanos afirman que las víctimas en realidad fueron 30.000.
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