"Se acabó el tiempo de transición. Ahora hay que tener un control más efectivo sobre la aplicación de la sentencia", afirma Mónica Roa.
"El personal administrativo y de salud de las entidades prestadoras del servicio en Colombia no se encuentra capacitado para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual se refleja en las dilaciones injustificadas para la prestación del servicio, en la negación del mismo o en el suministro de información no veraz, todo debido al desconocimiento", señala el informe de la Procuraduría General de la República.
Sin sanción
De acuerdo con el Ministerio Público, existen sistemáticas barreras administrativas impuestas por las entidades prestadoras del servicio de salud a las mujeres. Las instituciones persisten en solicitar requisitos adicionales a los que expresamente señala la sentencia, sin que hasta el momento se hayan sancionado a las mismas".
Estas limitaciones han obligado a las mujeres a buscar por medios judiciales la atención a la que tienen derecho, con lo que, según Manuel José Cepeda, Magistrado de la Corte Constitucional, lo único que ha conseguido es el incremento del número de las tutelas en salud.
Ante esta situación, el Ministerio Público hace un fuerte llamado de atención a los centros médicos que se niegan a hacer la interrupción voluntaria del embarazo para las tres circunstancias contenidas en la sentencia (cuando el feto tiene malformaciones inviables con la vida, la mujer corre peligro de morir y ante una violación sexual).Ausencia de estadísticas oficiales
Otro de los problemas que resalta el informe es que aún no hay cifras consolidadas sobre el número de interrupciones de embarazo que se han registrado desde la sentencia de la Corte.
Al Ministerio de La Protección Social, tanto las promotoras de salud como los departamentos, le reportaron 37 abortos durante todo el año pasado. Mientras que, organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres tiene registrada una cifra de 40 casos desde 2006, de los cuales el 67 por ciento fue solicitado por violación, el 20 por ciento, por malformaciones del feto; y el 13 por ciento, por el riesgo en la salud de la mujer.
Reglamentación en salud
Por su parte, el Ministerio de La Protección Social ratificó los esfuerzos realizados para expedir las reglamentaciones que obligaba la sentencia e incorporar en el POS métodos anticonceptivos modernos, con el fin de evitar el embarazo no deseado.
"El país ha venido madurando en el tema. En algunas instituciones el avance ha sido mayor, pero en otras se presentan todavía problemas, pese a la normativa del Ministerio y la sentencia de la Corte", señaló Lenis Urquijo, asesor del Ministerio en asuntos de salud sexual y reproductiva.
Para Urquijo, aún hay barreras en la citación de juntas médicas que van retrasando la toma de la decisión y que hace que la gestación progrese, algo que pone más peligro a la mujer. Otros, ponen barreras administrativas y objeción de conciencia institucional, cuando se trata de un derecho individual, de la persona y no de las instituciones.
Seguimiento a la sentencia
La abogada Mónica Roa, quien interpuso la demanda que llevó a la despenalización parcial del aborto en el país, señaló que es necesario duplicar los esfuerzos en controles para hacer efectiva la sentencia.
"Se acabó el tiempo de transición. Ahora hay que tener un control más efectivo sobre la aplicación de la sentencia", dijo Roa.
Para la abogada, las principales dificultades han estado en la interpretación de la objeción de conciencia. "Se ha visto el abuso por parte de individuos, por parte de instituciones y por parte de jueces. También, hay una disparidad de roles: los jueces actúan como médicos y los médicos como jueces".
Ante esto, se acaba de firmar un convenio entre la organización Women's Link Worlwide (que promovió la demanda de despenalización) con la Procuraduría, con el fin de que los dos organismos actúen en los casos donde no se cumple a cabalidad la sentencia.