La mayor pena, de 54 años, fue para un coronel del ejército que tenía bajo mando suyo el batallón al que pertenecían los efectivos implicados en los hechos.
La sentencia condenatoria fue leída en una audiencia pública por el juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, Edmundo López, que el pasado 18 de febrero había declarado a los quince militares como responsables de homicidio agravado.
Probado el delito
López expresó que en el juicio "se probó la conducta punible" de los efectivos, que pertenecían al llamado Grupo Lince del Batallón de Alta Montaña Número 3, acantonado en los farallones de la ciudad suroccidental de Cali.
El batallón estaba al mando del coronel Byron Carvajal, en tanto que el Lince, conformado por trece suboficiales y soldados era dirigido por el teniente Harrison Eladio Castro.
Los quince fueron procesados y enjuiciados por la matanza de diez policías antidroga y un informante civil que el 22 de mayo de 2006 realizaban un "procedimiento judicial" en la zona rural de Jamundí, localidad del Valle del Cauca, departamento del que Cali es capital.
Según la investigación del caso, seguida por la Fiscalía General, las once víctimas fueron emboscadas con armas de largo alcance y explosivos por las tropas del ejército, que de manera previa habían tomado posiciones de ataque en la zona.
Más de un año de proceso
Un año y dos meses de debate oral tomó este juicio, en el que la entidad judicial presentó 32 testigos y 417 pruebas, entre ellas comunicaciones por teléfonos móviles entre los implicados.
La fiscalía advirtió en los momentos previos a la vista que "la utilización de explosivos por parte de los militares contribuyó a la ejecución del homicidio múltiple y reflejó la intención destructiva de los agresores".
En la sentencia condenatoria, López impuso 54 años de prisión a Carvajal y 52 a su subalterno Castro.
Asimismo, condenó a 50 años de prisión a los sargentos Jaime Humberto Montenegro y José Aurelio Palacio, al cabo Elber Jesús Osorio y a diez soldados que conformaban el grupo militar.
Las causas de la matanza no han sido establecidas, pero el fiscal general, Mario Iguarán, sostuvo días después de los hechos que estos militares le habían hecho un "mandado" (prestado un servicio) a narcotraficantes.