La justicia se ve sumergida entre los casos del albañil Luís Gerez, de 51 años y que permaneció secuestrado por dos días, quien apareció con el torso desnudo en la localidad bonaerense de Garín, afectado por una fuerte conmoción y con signos de torturas, como quemaduras en el pecho y marcas de ligaduras en las muñecas; y el de Jorge Julio López que permanece desaparecido desde el 18 de septiembre pasado.

Sus declaraciones
La declaración que rindió Gerez contra el ex comisario Luis Patti, a quien acusó de haberle torturado en 1972, fue fundamental para que la Cámara de Diputados evitara en mayo pasado que el ex policía asumiese el escaño para el que había resultado elegido en los comicios legislativos de 2005.

Por su parte, Jorge Julio López, de 77 años, fue un testigo clave en el juicio oral al represor Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar.

Kirchner acusa a paramilitares o parapolicías
Gerez, que ya había estado secuestrado en los años previos a la dictadura, fue hallado una hora después de que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, atribuyera a "grupos paramilitares o parapoliciales" su desaparición.

El gobernante señaló que hay sectores que "reclaman imponer una amnistía" para quienes cometieron delitos de lesa humanidad porque "quieren obtener a través del miedo la impunidad".

Kirchner enfatizó que no permitirá que paren los procesos contra represores del régimen militar, que se reactivaron luego de que el año pasado la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las denominadas ‘leyes del perdón’.

Las normas de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas durante la década de los años 80, habían librado de responsabilidad a más de un millar de militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Según palabras del mandatario, "se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las Juntas Militares", que se efectuó en 1985 y concluyó con condenas a prisión perpetua para los principales jerarcas de la dictadura.

Cabe resaltar que desde su llegada al poder en el 2003, Kirchner ha dado un fuerte impulso a la reanudación de las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos por la dictadura, que habían quedado paralizadas durante gobiernos anteriores.

Mayor protección del gobierno
Altos funcionarios, entre ellos el presidente Néstor Kirchner, solicitaron públicamente a los testigos en causas de violación a los derechos humanos que se acoplen a los programas nacionales de protección de testigos para evitar que se repitan los secuestros.

El ministro argentino del Interior, Aníbal Fernández, solicitó "por favor" a los testigos que permitan que el Estado los proteja, mientras que el gobernador bonaerense, Felipe Solá, requirió a todos los testigos que no "aflojen", porque "lo que ellos van a decir sirve para afianzar el Estado de derecho en Argentina".

Sin embargo, numerosos testigos prefieren no solicitar la custodia de las fuerzas armadas, ya que fueron "éstas, muchas veces, las que en su momento los secuestraron y torturaron", señaló la directora adjunta del organismo humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak.

En este sentido, Pochak manifestó que integrantes del organismo se reunieron recientemente con autoridades del Gobierno para "sugerirles" que se "modifique el sistema de protección, se centralicen todos los mecanismos en una sola agencia y se establezcan medidas de acuerdo a los diferentes tipos de casos".

Después de las desapariciones de López y Gerez, varios testigos también sin protección, admitieron tener "miedo" ante la posibilidad de ser secuestrados por "grupos paramilitares y parapoliciales", tal como ocurrió en estos dos casos, según afirma el Gobierno nacional.

Ofrecen recompensas para esclarecer casos
Las autoridades de la provincia de Buenos Aires ofrecieron recompensar con 130.000 dólares a quien aporte datos para dar con Gerez, que según sus parientes y amigos había sido amenazado al menos tres veces en los últimos meses.

El mismo monto ha sido ofrecido a quien contribuya a hallar a López, cuya operación de búsqueda también incluyó el envío de 25 millones de mensajes de texto a teléfonos móviles y la distribución de carteles con su rostro por todo el país y el exterior.

Además de las recompensas el gobierno continúa con sus investigaciones y aún no descarta que en el caso del albañil Luis Gerez esté involucrado el ex comisario Luis Patti, a quien el albañil acusó de haberle torturado en 1972. Por esta razón el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, pidió públicamente "investigar a fondo" si el ex comisario está involucrado.

Según fuentes gubernamentales el propio presidente Kirchner pidió a su entorno que se investigue si existe en el hecho una conexión con el ex comisario. Por su parte, Patti declaró al diario ‘La Nación’ que "el kirchnerismo armó todo" para perjudicarlo.

Embargan pensiones de marinos procesados
Otras de las medidas recientemente tomadas por la justicia argentina fue el embargo del 20 por ciento de las pensiones que perciben dos represores de la última dictadura militar (1976-1983) para hacer frente a futuros resarcimientos de sus víctimas.

La resolución del magistrado Sergio Torres involucra a los marinos retirados Adolfo Miguel Donda y Oscar Antonio Montes, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Al dictar su procesamiento el juez había trabado millonarios embargos sobre los bienes de Donda y Montes, pero ambos aseguraron que no poseen pertenencias ni dinero, por lo que Torres resolvió que se retenga parte de las pensiones que reciben.

Por su condición de marinos retirados, Donda percibe 1.238 pesos (400 dólares) mensuales y Montes cobra 3.800 pesos (1.230 dólares).

Torres dispuso que a partir del primer mes de 2007 el 20 por ciento de la jubilación de Donda y Montes sea depositado en una cuenta bancaria y que ese dinero se destine a eventuales indemnizaciones para víctimas de la dictadura.

Cabe destacar que el 21 de diciembre pasado el juez trabó embargos millonarios sobre los bienes de 33 procesados por delitos de lesa humanidad.

Al ex marino Alfredo Astiz, cuya extradición piden España, Francia y Suecie, le fue fijado un embargo sobre sus bienes por 258 millones de pesos (83,4 millones de dólares).

Esta misma medida podría ser aplicada a medio centenar de represores cuyas pensiones pueden ser embargadas en el futuro.