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Piden modificaciones
Grupos hispanos presionan sobre el Congreso por reforma migratoria
Inmigrantes mexicanos esperan para tramitar su visado de trabajo para USA. (AP)
20/3/2007 | AFP
Los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos multiplican acciones de cabildeo en el Congreso para pedir a los senadores que introduzcan modificaciones al proyecto de ley de reforma migratoria.
Algunas de estas agrupaciones organizaron un evento en salas del Congreso para pedir cambios al proyecto con apoyo de la Casa Blanca.
Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), se declaró partidario de realizar enmiendas al texto para alcanzar una reforma "realista" que permita, entre otras cosas, encontrar un camino hacia la residencia legal permanente para los inmigrantes que obtengan permisos temporales de trabajo.
Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), se declaró partidario de realizar enmiendas al texto para alcanzar una reforma "realista" que permita, entre otras cosas, encontrar un camino hacia la residencia legal permanente para los inmigrantes que obtengan permisos temporales de trabajo.
En función del actual acuerdo, quienes obtengan visas temporales de empleo podrán usufructuar tres contratos consecutivos de dos años cada vez, con separaciones de un año entre ellos, debiendo regresar a sus países de origen durante ese período y al término de los tres contratos.
No son una "amenaza"
Los inmigrantes "han sido, son y serán (...) un valor muy importante para el éxito de Estados Unidos", dijo por su lado Oscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades de América Latina y el Caribe, quien denunció que lo que "permea"' la iniciativa propuesta es un error: el considerar a los inmigrantes como "una amenaza" para el país.
No son una "amenaza"
Los inmigrantes "han sido, son y serán (...) un valor muy importante para el éxito de Estados Unidos", dijo por su lado Oscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades de América Latina y el Caribe, quien denunció que lo que "permea"' la iniciativa propuesta es un error: el considerar a los inmigrantes como "una amenaza" para el país.
Chacón denunció que las redadas que realizan las autoridades migratorias, así como las deportaciones, pusieron a gente en situación de "desesperación" al punto de pensar que "un permiso de trabajo (...) es mejor que nada".
El dirigente también cuestionó el tiempo propuesto en el texto para lograr una de las principales reinvindicaciones de los trabajadores inmigrantes: la reunificación de familias, que podría tomar hasta ocho años.
Reunificación familiar
"Nos preocupan las familias. No queremos ver a nuestras familias divididas", señaló, al tiempo que calificó al actual proyecto de "ley inmoral, una ley inaplicable (...) que urge de cambios" y que está "muy lejos de los mejores valores" de Estados Unidos y "muy lejos de las esperanzas" de los inmigrantes, en particular en materia de legalización.
Lillián Rodríguez, presidenta de la Federación Hispana, calificó la reforma propuesta como "un tren que está a punto de descarrilar" y sostuvo que obligar a volver a trabajadores es muy costoso para ellos y desestabilizador para las familias. "No se le puede hacer eso a familias e individuos", añadió.
En general, los grupos proinmigrantes han destacado el acuerdo entre demócratas y republicanos como un paso adelante hacia una reforma, que el año pasado quedó empantanada en el Congreso.
A favor y en contra
Este año, la iniciativa está bajo fuego cruzado: los más conservadores la consideran una "amnistía", algo que niegan sus promotores y la Casa Blanca y muchos demócratas así como grupos proinmigrantes piden aumentar las protecciones para los inmigrantes y sus posibilidades para lograr una residencia permanente.
La postura del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), una de las principales organizaciones hispanas del país, resume esta dicotomía.
"Esta ley contiene muchas promisorias disposiciones que son vitales para la comunidad latina y la nación. Aunque también tenemos varias preocupaciones serias sobre aspectos específicos de la ley, creemos que podemos solucionar (los problemas) mientras el proyecto avanza a través del proceso legislativo", dijo Janet Murguía, presidenta del NCLR.
"Esta ley representa nuestra mejor oportunidad de alcanzar una reforma migratoria que dé soluciones a la población indocumentada (estimada en 12 millones de personas)", añadió.
De su lado, la central sindical AFL-CIO, reiteró que se opone a "programas de trabajadores temporales que mantienen a muchos trabajadores inmigrantes en una categoría de segunda clase y hace a los trabajadores demasiado vulnerables a la explotación por parte de los empleadores".
Contesta al redactor
El dirigente también cuestionó el tiempo propuesto en el texto para lograr una de las principales reinvindicaciones de los trabajadores inmigrantes: la reunificación de familias, que podría tomar hasta ocho años.
Reunificación familiar
"Nos preocupan las familias. No queremos ver a nuestras familias divididas", señaló, al tiempo que calificó al actual proyecto de "ley inmoral, una ley inaplicable (...) que urge de cambios" y que está "muy lejos de los mejores valores" de Estados Unidos y "muy lejos de las esperanzas" de los inmigrantes, en particular en materia de legalización.
Lillián Rodríguez, presidenta de la Federación Hispana, calificó la reforma propuesta como "un tren que está a punto de descarrilar" y sostuvo que obligar a volver a trabajadores es muy costoso para ellos y desestabilizador para las familias. "No se le puede hacer eso a familias e individuos", añadió.
En general, los grupos proinmigrantes han destacado el acuerdo entre demócratas y republicanos como un paso adelante hacia una reforma, que el año pasado quedó empantanada en el Congreso.
A favor y en contra
Este año, la iniciativa está bajo fuego cruzado: los más conservadores la consideran una "amnistía", algo que niegan sus promotores y la Casa Blanca y muchos demócratas así como grupos proinmigrantes piden aumentar las protecciones para los inmigrantes y sus posibilidades para lograr una residencia permanente.
La postura del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), una de las principales organizaciones hispanas del país, resume esta dicotomía.
"Esta ley contiene muchas promisorias disposiciones que son vitales para la comunidad latina y la nación. Aunque también tenemos varias preocupaciones serias sobre aspectos específicos de la ley, creemos que podemos solucionar (los problemas) mientras el proyecto avanza a través del proceso legislativo", dijo Janet Murguía, presidenta del NCLR.
"Esta ley representa nuestra mejor oportunidad de alcanzar una reforma migratoria que dé soluciones a la población indocumentada (estimada en 12 millones de personas)", añadió.
De su lado, la central sindical AFL-CIO, reiteró que se opone a "programas de trabajadores temporales que mantienen a muchos trabajadores inmigrantes en una categoría de segunda clase y hace a los trabajadores demasiado vulnerables a la explotación por parte de los empleadores".
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