Según el documento de la ONG Médicos por los Derechos Humanos, la evaluación médica realizada en octubre de 2007 a los campesinos y líderes comunales que fueron retenidos por la Policía en las instalaciones de Majaz arroja que aún padecen las secuelas físicas y psíquicas de las torturas que sufrieron.
Dos miembros de la ONG, especialistas en atención a supervivientes de la tortura, evaluaron a las víctimas en la norteña región de Piura, unos 1.
Hace casi tres años
En agosto de 2005, campesinos de las localidades altoandinas de Huancabamba y Ayabaca iniciaron una protesta contra la instalación de la mina de cobre de Majaz por la posible contaminación a los ríos y manantiales de la zona.
Esta protesta dejó al menos un muerto, 19 heridos y más de 30 detenidos, entre ellos los principales organizadores de la misma, quienes denunciaron una brutal represión.
Diferentes torturas
Los médicos recabaron información sobre las torturas que sufrieron, entre las que encontraron flagelación, amenazas de muerte, golpes con las culatas de los fusiles y abusos sexuales.
Así, varias de las mujeres que fueron retenidas por la Policía denunciaron que fueron desnudadas a la fuerza, manoseadas y amenazadas con ser violadas, lo que generó un "grave daño emocional". Pese a la represión, las protestas contra la instalación de la Minera Majaz prosiguieron con fuerza.
En septiembre de 2007, una consulta popular que fue tildada de ilegal por el Gobierno peruano, arrojó que el 95 por ciento de los habitantes de la región estaban en contra de la instalación de la mina y obligó al Ejecutivo a iniciar un proceso de diálogo con los comuneros.
Perú es uno de los más grandes productores mineros del mundo y cada vez recibe mayores inversiones para promover la exploración y producción de minerales, de los que el Estado recibe sus principales ingresos. Sin embargo, la producción minera es vista por muchas comunidades como una amenaza al medio ambiente y a su forma tradicional de vida.
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