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A pesar de las mejoras significativas
La corrupción aún mina los sistemas judiciales de latinoamericanos
El ministro brasilero de Minas y Energía, Silas Rondeau, dimitió por un caso de corrupción. (EFE)
18/5/2007 | EFEImprimirEnviar
La corrupción sigue siendo un gran lastre para los sistemas judiciales de Latinoamérica, aunque se han producido mejoras significativas en algunos países como Chile, según denunció Transparencia Internacional (TI)

En su "Informe mundial sobre corrupción 2007", presentado este jueves en Londres, la organización no gubernamental (ONG) concluye que la corrupción socava los sistemas judiciales en el mundo y niega a los ciudadanos el derecho básico a un juicio justo e imparcial.
El documento, de unas 370 páginas, analiza diversos casos ocurridos durante el último año en 32 países, entre los que figuran diez naciones latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Categorías
Los autores del texto clasifican la corrupción judicial en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o ejecutivo y el soborno.
El ex procurador anticorrupción peruano José Ugaz, que participó en su momento en el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori y actualmente colabora con TI, comentó que Latinoamérica "no sale bien parada" en el informe, si bien hay "realidades dispersas".

Ugaz señaló que se han registrado progresos en países como Colombia, Uruguay y, especialmente, en Chile, que goza de un sistema judicial "moderno", mientras que la corrupción continúa siendo un "grave problema" en naciones como Perú, Argentina o México.

Justicia corrupta para la mayoría
De acuerdo con TI, "en nueve de los diez países latinoamericanos encuestados, la mayoría de las personas califican el sistema legal/judicatura como corrupto".

"En Bolivia, México, Paraguay y Perú, el 80 por ciento o más de los encuestados describen el sistema judicial como corrupto", afirma el informe.

Uno de los "problemas persistentes" de la región, subraya el texto, es la "influencia política en los procesos judiciales".

En Argentina, por ejemplo, "el poder ejecutivo aumenta su control sobre el consejo judicial, encargado del nombramiento, transferencia, captación y disciplina de los jueces".

Guatemala
TI, con sede en Berlín, también cita el caso de Guatemala, donde algunos magistrados, especialmente de la Corte Suprema, han manifestado que reciben "instrucciones" sobre cómo resolver ciertos casos si quieren conservar el puesto.

Otra problemática que sigue azotando a la región radica en el hecho de que "los recursos limitados y, en ocasiones, las condiciones laborales peligrosas aumentan la susceptibilidad de los jueces a la corrupción", indica el estudio.

A ese respecto, México representa un caso paradigmático, pues allí "los jueces que atienden casos de narcotráfico reciben poca protección y son susceptibles de coacción y corrupción".

De cualquier manera, TI cree que existen países que sufren corrupción dentro del sistema judicial "en general", y pone de ejemplos a Guatemala y Venezuela.

Chile, la nota positiva
No obstante, las reformas judiciales efectuadas en algunos países latinoamericanos han dado frutos positivos, como es el caso de Chile.

En ese país, "la judicatura encabezó el proceso de reforma, dando lugar al aumento de transparencia, la modernización de procedimientos administrativos y una mejor captación de jueces y personal de la Corte, particularmente en el sistema judicial penal".

Con todo, TI reprocha que el Ejecutivo en Chile "sigue siendo una influencia en el proceso de nombramiento" de magistrados.

Otro país que ha avanzado es Paraguay, donde "una reforma clave fue la creación de un consejo judicial para gestionar los nombramientos de jueces a instancias menores y una junta disciplinaria separada".

Costa Rica, de los menos corruptos
A pesar de que Costa Rica no forma parte del informe, los expertos de la organización no gubernamental se refieren a ese país como "uno de los menos corruptos Centroamérica y Sudamérica".

Dentro de esos cambios positivos, TI destaca que, "en toda Centroamérica, la sociedad civil ha lanzado recientemente una iniciativa de control encaminada a luchar directamente contra la corrupción en la judicatura".

Así, la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá (coalición de 16 ONG) ha hecho una "evaluación minuciosa" de seis laudos de la Corte Suprema y ha concluido que "cuatro de ellos daban cuenta de graves deficiencias en el trabajo de los jueces o de influencia indebida".

Sea como fuere, agregó José Ugaz, el principal problema que debe resolver Latinoamérica es la "ausencia de voluntad política" para acabar con la corrupción.


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