"Podemos sospechar que había algún tipo de asociación entre gestores y funcionarios" del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo este martes el titular de la estatal Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rosas.
"Había gestores que tenían armado el negocio, y podemos sospechar que había algún tipo de asociación entre gestores y funcionarios de la Cancillería, lo que está bajo investigación", afirmó Ortiz de Rosas en declaraciones a la emisora local Radio América.
El funcionario indicó que el sistema de autorizar la importación de autos libre de impuestos "apuntaba a favorecer la prestación del servicio diplomático, pero de ningún modo era para que floreciera un negocio de compra-venta, como se hizo de manera abusiva e ilícita".
Ortiz de Rosas, quien promovió la causa judicial que involucra a Matas, dijo que se sigue investigando a ese ex funcionario para determinar si "pudo haber tenido otros beneficios, o si puede haber otros funcionarios de la cartera participando en los negocios".
La misma Oficina Anticorrupción también ha denunciado que la esposa de Matas, María Evangelina Sanguinetti, es propietaria de un automóvil ingresado ilegalmente al país y que fue adquirido a un empleado administrativo de la embajada de Rusia en Buenos Aires.
Maniobras ilícitas
El magistrado en lo Penal Económico Jorge Brugo, el otro juez que investiga las maniobras ilícitas, se presentó el pasado viernes en la sede de la Cancillería para requerir documentación relacionada con la causa.
El escándalo fue denunciado en enero pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores tras una auditoría interna encargada por el propio canciller, Jorge Taiana, sobre una muestra de 98 automóviles introducidos entre 2004 y 2007, y en ella se detectaron numerosos trámites que no cumplían las normas.
Los vehículos eran ingresados libres de impuestos y luego comercializados en el mercado local a precios superiores a los valores de importación, pero menores a los de plaza.
Denuncia presentada por la Aduana
Brugo investiga el caso a partir de una denuncia presentada por la Aduana argentina ante la presunta existencia de casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles.
Según informaciones de la prensa local, además de varios ricos y famosos de Argentina, están bajo la mira de la justicia al menos 14 embajadas.
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