El propósito central es establecer condiciones que permitan atraer inversiones en proyectos de energías renovables no convencionales, mediante la aceleración del desarrollo del mercado, la eliminación de las barreras a la entrada y la compatibilidad de estas fuentes con el mercado eléctrico que opera en el país, dijo Bachelet al promulgar la ley.
La norma establece la obligación de las empresas eléctricas de utilizar al menos un 10 por ciento de energías renovables, de acuerdo con un cronograma definido en la ley, que busca diversificar la matriz energética del país.
Destacó que el Gobierno busca fomentar "todas aquellas tecnologías que utilicen fuentes renovables de energía y produzcan bajo impacto ambiental".
El objetivo, dijo, "es lograr seguridad en el suministro, eficiencia económica de éste y sustentabilidad ambiental en el desarrollo del sector".
La nueva ley fue recibida con "satisfacción moderada" por los grupos ecologistas, quienes reconocieron que representa un significativo avance porque encamina al país "hacia una matriz eléctrica más limpia y autónoma", meta que, dijeron, está aún lejana.