Debido a los yerros en la redacción de las 44 leyes que aprobaron igual número de contratos, en controvertidas sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado en noviembre, los convenios aún no han entrado en vigor, lo cual ha postergado el inicio de los planes de inversión de las compañías.

Denuncia de Podemos
La denuncia sobre la falsificación fue hecha por senadores de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), la mayor fuerza opositora, que acusaron al Gobierno de Morales de haber hecho aprobar en el Congreso documentos diferentes a los difundidos por YPFB en su página de Internet.

Villavicencio dijo que la Cámara Alta "tiene el derecho de convocar a los representantes de las empresas petroleras y al ministro de Hidrocarburos" para cumplir su labor fiscalizadora de los convenios petroleros.

"Si se comprueba que no son los contratos originales, no serán aprobados en el Senado", afirmó. Agregó Villavicencio que esos fallos son consecuencia de la forma "irregular" en la que el partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS), los aprobó en una sesión demandada constitucionalmente, en ausencia de senadores titulares opositores.

Errores en procedimientos contables y financieros
Minutos después, el ministro Villegas rechazó la denuncia de falsificación, pero admitió el error de colocar en la página de Internet de YPFB versiones del anexo "D" de tres contratos, referido a procedimientos contables y financieros, diferentes de los aprobados en el Congreso.

Ese error fue detectado en los contratos de los campos San Alberto, Sábalo (o San Antonio) y Río Hondo, operados los tres por Petrobras (los dos primeros son los mayores del país en producción de gas).

En San Alberto y Sábalo son socios, además de la empresa brasileña, Repsol YPF y la franco-belga TotalFinaElf, mientras que el tercero es sólo de Petrobras y su operación está detenida porque su superficie involucra un parque nacional protegido.

Errores en nombres, fechas o campos
También se han detectado yerros de transcripción de los nombres de empresas y de campos, y de fechas, en las 44 leyes que aprobaron los contratos, y ahora tienen que ser corregidas con una ley de enmiendas, o no podrán entrar en vigor.

Los fallos fueron atribuidos por Villegas a la premura y la intensidad de las negociaciones que fueron celebradas el año pasado con las multinacionales.

Esas negociaciones concluyeron minutos antes de que venciera el plazo fijado en el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, en la medianoche del 28 de octubre pasado.

¿Beneficios o inconvenientes para Bolivia?
Aseguró Villegas, además, que no es cierta la denuncia de la oposición de que los textos aprobados en el Congreso son peores para Bolivia que los mostrados en la página web de YPFB. Según Villegas, esos contratos permitirán ingresos por 1.500 millones de dólares en 2007, frente a 1.280 millones de 2006 y 284 millones de 2004.

Renuncia el tercer superintendente de Hidrocarburos
El ministro, por otra parte, confirmó la renuncia del tercer superintendente de Hidrocarburos que ha tenido Bolivia en los trece meses del gobierno de Morales.

Mario Adrián, en su carta de renuncia dirigida a Morales, aduce "razones personales y problemas de salud" para dejar el puesto, dijo Villegas en rueda de prensa.

"Yo creo que esa es la razón porque con el superintendente hemos estado trabajando estrechamente todas estas ultimas semanas (y) no hubo problemas de ninguna naturaleza", afirmó el ministro.

La superintendencia de Hidrocarburos regula el transporte, la comercialización y los precios de los hidrocarburos y, desde mayo del año pasado, la aplicación de la nacionalización petrolera.